Seguridad fronteriza, migraciones masivas y campos minados

Por Raúl Muñoz

El fenómeno de la migración ilegal se ha convertido en un verdadero problema a nivel mundial, porque ciertamente amenaza la estabilidad de los países. En la actualidad este problema ha complicado a varios países de Europa y también a países como Estados Unidos, que por décadas ha tenido el problema de la inmigración ilegal con la frontera mexicana. En el cono sur de américa también es una realidad y afecta a países como Colombia, Perú y Chile.

La fuente de la inmigración ilegal, en el caso de Estados Unidos, radica en países de centroamérica y en la necesidad, supuestamente, de los migrantes de llegar a esa tierra, con el único fin de tener mejores expectativas de vida, entendiendo que Estados Unidos es uno de los países más consolidados, económicamente, en el continente.

Pero, en el caso de Sudamérica, la inmigración ilegal que han debido enfrentar países como Colombia, Perú y Chile, radica en una masa de migrantes, particularmente venezolanos, que deciden huir de la dictadura de Nicolás Maduro para asentarse, supuestamente, por mejores expectativas de vida en esos países. Así lo comenzó a vivir Chile, primero con inmigrantes que llegaron cumpliendo la ley chilena para avecindarse en Chile y luego, aprovechando la vulnerabilidad de las fronteras en el norte, desde el 2020 en adelante, con una masa de inmigrantes que ingresó de forma ilegal, hasta ese momento aún vigente la antigua Ley de Extranjería (Decreto Ley N° 1094 de 1975) que tipificaba el ingreso clandestino como delito.

Sin embargo, el fenómeno de la migración masiva que ha debido enfrentar nuestro país, está causando cambios significativos en la cultura chilena, incluso en aquello que dice relación con el fenómeno delictual. El delito siempre ha sido inherente al desarrollo de las sociedades, pero en el caso chileno, desafortunadamente hay un incremento y una aparición de nuevos delitos, que están asociados a una criminalidad importada y más cruenta, de la que se tenía conocimiento. Es decir, dentro de la masa de migrantes que ingresó de manera ilegal o irregular al país, hubo elementos criminógenos que también lograron entrar y comenzar a operar. Así, tenemos la aparición de bandas criminales trasnacionales como El Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, que buscan dominar espacios o áreas geográficas para control territorial de sus crímenes.

Seguridad fronteriza

Desde mediados de la década de 1970, por razones de seguridad exterior, Chile instaló minas antipersonales en las fronteras del norte del territorio, principalmente debido a problemas diplomáticos de la época, que hacían presumir una eventual invasión por parte de los países vecinos.

Los campos minados fueron, hasta la década del 2000, la principal barrera disuasiva como medida de seguridad fronteriza que tenía Chile para impedir, por una parte, una eventual invasión y por otra, la proliferación de delitos asociados al contrabando, el tráfico de drogas y el crimen organizado en general. Esto, dado porque los “campos minados” estaban debidamente señalizados y situados en puntos que, en ciertos casos, eran ruta estratégica de burreros de droga y contrabandistas.

Sin embargo, Chile se adscribió al tratado de Ottawa y con ello se comprometió a retirar la totalidad de los campos minados.

Tratado de Ottawa

El Tratado de Ottawa de las Naciones Unidas es un acuerdo internacional que fue adoptado en 1997 con el objetivo de eliminar las minas antipersonales en todo el mundo. Desde su entrada en vigor en 1999, el tratado ha sido ratificado por más de 160 países, incluido Chile.

Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 ratificó el acuerdo ante el secretario general de las Naciones Unidas, donde se comprometió a tomar medidas para garantizar la no utilización, producción, transferencia, almacenamiento y compra de minas antipersonales, en un periodo que duraría hasta 2012. Sin embargo, la labor de retiro de las minas antipersonales resultó ser más ardua de lo esperado, y el gobierno de Chile de la época solicitó una extensión del plazo hasta 2020.

Fue en marzo de 2020 cuando se informó que el desminado del territorio de chile alcanzaba un 96,41% de avance, donde las unidades de desminado humanitario habían finalizado en 2019 con un total de 15 áreas minadas despejadas y la destrucción de 7.833 artefactos, alcanzando con ello el objetivo del Plan Nacional de Desminado Humanitario.

Las migraciones masivas como amenaza no convencional

En el año 2002, el Ministerio de Defensa de la época publicó el Libro de la Defensa Nacional, donde se exponen características de la política de defensa en general. En el capítulo II, Escenarios de la Defensa, página 50 y 51, se describen las amenazas no convencionales más significativas, y que son las siguientes:

• Terrorismo
• Narcotráfico
• Migraciones masivas

En el caso de las migraciones masivas se describió lo siguiente:

“En general, el fenómeno migratorio ha adquirido relevancia a nivel mundial, habiéndose constituido durante la década de los 90 como uno de los cambios más importantes asociados a la globalización. Aunque este proceso puede adquirir diversas expresiones (migración resultante de conflictos -desplazados— o migración resultante de cambios societales), ha desafiado las capacidades de los estados receptores para ejercer jurisdicción efectiva sobre su territorio y así poder ejecutar sus propias políticas internas y externas, definidas soberanamente, generando un fuerte impacto político. Al mismo tiempo, se ha transformado en un factor importante en la generación de crisis internacionales entre los estados afectados. Además de la diplomacia y de medidas internas, a veces los estados receptores se han visto forzados a utilizar la fuerza armada, policial y/o militar, para controlar esta situación.

En el continente, y a partir de la década de los 90, se han producido numerosos problemas de seguridad originados en migraciones ilegales masivas, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia otros países americanos, por lo que el tema migratorio se ha constituido en un tópico de la agenda continental.”

Al tenor de este extracto, se identifican factores esenciales de las migraciones masivas como resultado de conflictos internos (desplazados) o de cambios societales y el impacto que genera en los Estados receptores, incluso en algunos casos donde se han visto forzados a utilizar la fuerza armada, policial y/o militar para controlar esa situación.

Si se analiza y se compara esta información con los datos y hechos actuales de inmigración descontrolada, claramente es posible visualizar una proyección de las migraciones masivas como una amenaza no convencional. Es decir, estuvo en el radar de las principales autoridades del país.

En resumen

La seguridad fronteriza se ha visto, de cierta forma, vulnerada a partir de decisiones estratégicas (buenas o malas) de las autoridades en el pasado. Las migraciones masivas fueron identificadas y proyectadas en 2002, como una amenaza no convencional para los años siguientes, dentro de un contexto de Amenazas del Continente, junto al Terrorismo y el Narcotráfico. Es decir, las Migraciones Masivas fueron consideradas amenazas en el mismo nivel que se encontraban el Terrorismo y el Narcotráfico. Entonces a partir de ello, en la actualidad, es factible inferir razonablemente que las autoridades gubernamentales de la época identificaron el fenómeno como un problema que podía afectar a los países del continente y también a Chile.  

Pese a ello, el inicio del Plan Nacional de Desminado Humanitario, como consecuencia de suscripción al tratado de Ottawa, tiene, de cierta forma, una relación directa con la apertura de una vulnerabilidad a la seguridad del territorio nacional, sobre todo porque los campos minados cumplían una función de inhibición de agentes externos que pretendieran traspasar las fronteras y luego, coincidentemente, las migraciones masivas se intensificaron en 2020, precisamente el mismo año en que se cumplió con el objetivo del 96% del retiro de estos artefactos.

Hoy en la frontera norte existe un grave problema de inmigración irregular descontrolada, que ha traído consigo un factor criminógeno asociado al crimen organizado y a las bandas criminales trasnacionales, literalmente porque no hay inhibidores de la acción de traspaso hacia el territorio nacional. En este sentido, muy probablemente los campos minados pudieron haber cumplido en gran medida esa función inhibidora, como parte de una política de seguridad fronteriza, que hubiese permitido direccionar de mejor manera la regulación de la política migratoria.  

Raúl Muñoz – Consultor y Analista de Inteligencia