Militares en el combate contra el delito y el crimen organizado
El combate contra el delito y el crimen organizado recae necesariamente en las fuerzas de Orden y Seguridad, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Se trata de instituciones con un alto bagaje y conocimiento profesional, tanto para la prevención del delito como para la investigación, contando en la actualidad con una alta valoración ciudadana.
Chile siempre se ha caracterizado por tener policías altamente confiables, con índices de corrupción muy por debajo de otros países de la región, e incluso del mundo, lo que ha significado una alta valoración ciudadana, 84% para la PDI y 81% para Carabineros, según la última encuesta CADEM de enero de 2024.
Sin embargo, no es menos importante que instituciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA), como Ejército (76%), Armada (77%) y Fuerza Aérea (76%), tengan también una alta valoración y le sigan a las instituciones policiales en confianza de la ciudadanía, sobre todo porque cumplen un rol fundamental en el resguardo de la soberanía nacional y por tanto se infiere que la ciudadanía espera mucho de todas estas instituciones.
Pero, en el combate contra el delito y el crimen organizado, pareciera ser que los esfuerzos y los recursos de las instituciones policiales no están siendo lo suficientemente efectivos para neutralizar e impedir la propagación de la ola criminal que se está viviendo en Chile, lo que, por lo demás, se ve que ha provocado altos índices de percepción de inseguridad. Las autoridades de gobierno y los sectores políticos no estarían dirigiendo adecuadamente una estrategia efectiva para combatir el delito y queda la sensación que éste va más en escalada.
El rol de las policías y las fuerzas armadas
De acuerdo con la Constitución Política de la República, en su artículo 101, se señala que, las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. En cambio, las fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, ambas constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.
En este contexto debemos saber que le compete a las policías el combate al delito y el crimen organizado. Sin embargo, la experiencia internacional, en países como Colombia, México y el Salvador, ha demostrado que cuando la criminalidad alcanza niveles superiores a la o las policías, en términos de capacidad logística y operativa, se hace necesario incorporar a las Fuerzas Armadas al combate contra el delito y el crimen organizado.
Pero el combate contra el delito y el crimen organizado requiere en su primera fase, la voluntad política para reprimir la criminalidad, con todas las herramientas más severas para que el castigo sea ejemplificador. Eso se consigue con respaldo legal y político de las autoridades a la labor que cumplen las policías, de lo contrario, se estaría dejando ser y hacer a la delincuencia. Es crucial el rol que cumple el sistema de justicia, aplicando efectivamente las penas establecidas en el ordenamiento jurídico.
La capacidad de fuego de la criminalidad
En la actualidad, podemos observar en países como México, donde hay más de 16 carteles de la droga que controlan y se disputan distintas áreas geográficas, tanto para la producción de drogas y otros delitos, como para su comercialización. Hay carteles, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que buscan fabricar sus propias armas de guerra para no depender de los contrabandistas. La incorporación de los militares en labores de seguridad pública lleva casi 30 años en México, donde el resultado no ha permitido terminar con los carteles.
En cambio, en el Salvador, se debió recurrir a una fuerza conjunta entre militares y policías para intervenir en el combate contra las Pandillas, que por más de 20 años azolaron a ese país con homicidios, tráfico de drogas, secuestros y sicariatos, entre otros, y hoy, a poc más de 5 años, gracias a una política de choque directo contra las pandillas, cuentan con un nivel de seguridad envidiable, con tasas de homicidios de casi “cero”, gracias a esta estrategia que se impuso por la fuerza física y por la fuerza del derecho. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacarcel que marcó una acción decidida en una guerra contra las pandillas, ha sido fruto de una voluntad política por hacerle frente a las pandillas.
La capacidad de fuego que están alcanzando algunas megabandas criminales como el Tren de Aragua en Venezuela, Los Choneros y los Lobos en Ecuador (entre muchos otros) o Los Pulpos en el Perú, generan la necesidad de dotar a las policías de una capacidad logística cada vez superior. En términos sencillos, militarizar la función policial con equipamiento y logística que sea superior a la e los delincuentes. Pero lo más relevante, es el soporte jurídico que deben tener para evitar la persecución de los policías por parte de organizaciones políticas que resguardan los intereses y los derechos de los criminales a través del eslogan de derechos humanos.
Hace solo unos días pudimos ver a través de las redes sociales, el intento de caos que se generó en distintas zonas y cárceles en Ecuador, con la ejecución en vivo de policías y agentes penitenciarios, por parte de delincuentes que los capturaron y los ejecutaron a modo de presión hacia el presidente de dicho país, por el decreto de Estado de Excepción para combatir la criminalidad.
El presidente del Ecuador ha dado todo su respaldo a los militares y la asamblea nacional ha acordado conceder indultos y amnistía a militares y policías que combatan al crimen organizado. Esa es una clara muestra de voluntad política para combatir eficazmente a los criminales.
En chile, tenemos una criminalidad que paulatinamente ha ido mostrando su capacidad de fuego, aun resistible por parte de nuestras policías. Pero, pero ¿qué sucederá cuando el uso de fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes sea un común denominador en el actuar de los delincuentes? Hasta ahora hemos tenidos casos de delincuentes que han hecho explotar granadas lanzándolas a Carabineros, pero la cifra se mantiene en “hechos aislados”.
Sin embargo, lo más evidente ha sido el poder de armas que posee la CAM y los grupos de Resistencia Mapuche, donde se ha evidenciado armamento de guerra en poder de estos grupos. Este caso, dejó de ser un problema de criminalidad habitual, sino que tiene una característica más de guerrilla y por ende con capacidad militar, que debe abordarse desde esa perspectiva.
Es importante considerar los fenómenos delictivos que ocurren en la región y analizar los factores que generan una mayor incidencia delictual el país, sobre todo desde la migración irregular, porque cualquier presión que pueda existir en países como Ecuador, sobre la delincuencia, podría generar el llamado efecto “globo”, es decir, los delincuentes o criminales de esos países comiencen a migrar hacia el nuestro, como ya ha ocurrido con grupos como el Tren de Aragua, Los Gallegos o Los Pulpos, entre otros.
Resumen
La militarización en el combate contra el delito y el crimen organizado implica una necesidad de estrategias, tácticas y equipamiento que sea superior a la capacidad de acción y operación de la delincuencia. Los grandes grupos criminales y los carteles de la droga han ido invirtiendo cada vez más en logística y armamento, pero en algunos países, la estrategia ha sido menos efectiva, quizás por la voluntad política que se requiere de sus autoridades. En otros, como el Salvador, ha sido un éxito.
En Chile, es importante que las policías, además de tener la capacidad logística para hacer frente a la criminalidad, tengan también el apoyo legal y político para enfrentar con mayor decisión el crimen organizado y la delincuencia. Todo ello en conjunción con un sistema de justicia que deje de lado el garantismo y aplique sanciones efectivas a los delitos que establece el ordenamiento jurídico.
Si la criminalidad supera la capacidad de respuesta de las policías, entonces se debiese considerar la incorporación de las fuerzas militares para combatir a los criminales, pero no desde la óptica de seguridad pública, sino ya como objetivos militares. Es ahí donde se necesita el apoyo de las verdaderas autoridades comprometidas con la seguridad en chile, como ocurre con el apoyo del parlamento ecuatoriano a policías y militares que combaten el crimen organizado.
En definitiva, el combate contra el delito y el crimen organizado es un desafío que requiere del compromiso y la integración de todas las partes interesadas, tanto a nivel policial, judicial como político, incluso militar. Solo así se podrá construir una sociedad más segura y justa para todos los habitantes del país.
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